Delincuentes de cuello blanco

Por: José Miguel Álzate




Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene al país en vilo: el juicio a los Nule. Desde hace casi un año en Colombia se viene hablando del carrusel de la contratación en Bogotá. Como la opinión pública lo sabe, los principales implicados en este caso que diariamente es noticia de primera página son los empresarios Miguel, Manuel y Guido Nule. Todo porque sus empresas fueron, durante los últimos años, las mayores beneficiadas con la contratación oficial en infraestructura de vías. Pero el incumplimiento en la entrega de las obras en la calle 26, de Bogotá, para el sistema transmilenio, fue el detonante de la crisis económica que desde dos años atrás venía enfrentando el grupo.

¿Por qué razón los primos Nule resultaron convertidos en los zares de la contratación de obras públicas en el país? Todo parece indicar que el poder de corrupción fue el que llevó a sus empresas a resultar favorecidas en la adjudicación de millonarios contratos. En el caso de las obras adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, entidad que maneja el presupuesto de obras públicas de la Alcaldía de la capital colombiana, la Fiscalía General de la Nación comprobó que algunos funcionarios de esa entidad recibieron comisiones por la adjudicación de los contratos. Tanto que contra el contralor de Bogotá, Miguel Angel Moralesrusi, la exgerente de la entidad, Liliana Pardo y el exdirector jurídico, Inocencio Meléndez, se decretó medida de aseguramiento.

Los primos Nule llegaron a tener 160 contratos para ejecución de obras públicas en varias regiones del país. Esto quiere decir que en algunos departamentos desplazaron a los contratistas tradicionales. ¿Por qué razón resultaron favorecidos de esta manera? No debió haber sido por los precios unitarios propuestos. Lo que se deduce de todo este escándalo es que las comisiones pagadas por los empresarios fueron elevadísimas. Se habla de que parte de los anticipos se destinaron al pago de las comisiones. Hasta el senador Iván Moreno Rojas, hermano del Alcalde de Bogotá, está implicado en el asunto. Según parece, exigió a los empresarios comisiones para influir en la adjudicación de la doble calzada Bogotá-Girardot.

La medida de aseguramiento proferida por el Juez Cuarto Penal Municipal de Bogotá, Juan Pablo Lozano, en contra de Manuel, Miguel y Guido Nule por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, peculado y fraude procesal, es el primer paso para que el país conozca los nombres de los funcionarios públicos que recibieron comisiones por parte de los empresarios. Lo que el país espera es que la condena contra estos delincuentes de cuello blanco sea ejemplar. Sobre todo porque se trata de una defraudación al Estado en una cuantía inmensa. Sería inadmisible una pena de siete u ocho años cuando el gobierno pierde con ellos una suma superior a los 400 mil millones de pesos.

Es de esperarse que los Nule colaboren con la justicia para desenmascarar a quienes recibieron dádivas por adjudicarles los contratos. Pero sin esperar beneficios como rebaja de penas. Está bien que se les haya acondicionado una casa fiscal en la cárcel La Picota para su detención. Pero lo que no puede permitir el Gobierno Nacional es que, por colaborar con la justicia, se les permita privilegios en su sitio de reclusión. Tampoco que se les condene con una pena de seis o siete años. La opinión pública no vería con buenos ojos que estos señores recuperen su libertad en tan poco tiempo. Y que salgan de la cárcel a disfrutar de los dineros esquilmados al Estado. La justicia debe sentar un precedente en la condena que se les imponga.

Las revelaciones periodísticas que hasta el momento se han hecho sobre este escándalo demuestran que en Colombia muchos funcionarios públicos se venden. ¿Dónde queda, entonces, la transparencia que debe caracterizar la contratación oficial? Con razón algunos ingenieros venían quejándose de la forma cómo sus propuestas para construcción de obras quedaban descalificadas. Inclusive, muchos profesionales de la construcción optaron por no volver a participar en licitaciones. Todo porque tenían conocimiento de que en varias dependencias oficiales las adjudicaciones de contratos eran amañadas. Repartiendo elevadas comisiones, los Nule se habían apoderado de la contratación oficial en casi todo el país.




 

 


 





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